HCD de Mina Clavero
Como Perro que Volteó la Olla
En un debate que se desvió del eje principal del problema, el Concejo Deliberante de Mina Clavero resolvió pedirle al Ejecutivo que permita el pago de la tasa de servicios a la propiedad en una sola cuota, luego que la Ordenanza Tarifaria fuera modificada en su contenido mediante un decreto que anuló esa forma de cancelación. Un debate trunco.
(Mina Clavero, 17/2/09) El Concejo Deliberante de Mina Clavero sesionó el martes 17 de febrero, en una sola jornada pero con un doble propósito. En primer término se realizó la sesión anual preparatoria, en la que se elijen autoridades del cuerpo y de los bloques y, en segundo término, lo hizo de manera extraordinaria –a pedido del bloque de Unión por
Córdoba- para considerar el decreto 6/09 que modificó la ordenanza tarifaria 909, tal como Tribuna lo adelantara en su pasada edición (pág. 6).
Sesión Preparatoria
En un breve lapso quedaron ratificadas las autoridades del Concejo y de los bloques partidarios. Así las cosas, Carlos Gómez Molina continuará al frente del cuerpo, en tanto que Emilio Rosico sigue siendo el vicepresidente 1º y Alberto El Aín , el vice 2º. En cuanto a los bloques partidarios, Amalia Luz Suárez es la presidenta del Bloque de la Unión Cívica Radical, en tanto que Gerardo Carlomagno es el titular de la bancada de Unión por Córdoba.
La Pelota Afuera
Como se suele decir en la jerga futbolera cuando se quiere significar un intento de “enfriar” el partido o de sacar al rival de su concentración, el tema del decreto 6/09 fue prácticamente un “tirar la pelota afuera”, con una buena “muñeca” política de la presidencia. Reconocer la razonabilidad de un planteo para enfriar la discusión, pero desviarla luego de su eje permitió que se terminara discutiendo de cualquier cosa menos del tema de fondo. El primero en hacer uso de la palabra fue Gerardo Carlomagno que sostuvo que el decreto 6/09 era ilegal, Recordemos que mediante ese instrumento se eliminó el inciso 1 del artículo 3º de la ordenanza 909, lo cual implica una modificación a la norma aprobada por el HCD a fines de 2008. “La gente que nos votó nos puso acá para que seamos garantes de la legalidad de los actos de gobierno” continuó manifestando Carlomagno que, fiel a su estilo, fue subiendo la apuesta discursiva. “Creo que si el Ejecutivo necesitaba modificar esto… acá estamos… hacemos una extraordinaria en 24 horas… ¿qué necesidad de violentar las normas?; eso es lo que me exaspera; estamos frente a una torpeza total y me preocupa que hay una mentalidad instalada en este Ejecutivo de ser transgresor a todo, de ser autoritario, de ser dictatorial” y finalizó proponiendo “tenemos que hacer una resolución pidiendo que se derogue y hacer una seria advertencia, porque el cuerpo no se merece estas presiones… esta forma de actuar es nociva y si este cuerpo quiere recuperar el prestigio que ha venido perdiendo por ciertas actitudes y que nuestro bloque asume la responsabilidad que le toca y en gran parte porque no supo defender estas cosas… los invito a transitar el camino de la legalidad…” concluyó. Tras las palabras de Carlomagno intervino Alberto El Aín quien aseguró que había sostenido una charla en su hotel con el intendente Giménez, en la que él le había manifestado su opinión adversa al cambio efectuado en las formas de pago de la tasa de servicios a la propiedad, a lo que el intendente había respondido sosteniendo su voluntad de estar abierto a un revisión de lo actuado. De cualquier modo El Aín cerró su intervención diciendo que eso no había ocurrido a pesar del paso de los días y criticó la forma de pago adoptada por el Ejecutivo, aunque nada dijo acerca de la extralimitación cometida al modificar la ordenanza tarifaria.
Hablan Gómez Molina y Rosico
“La conversación que ha tenido Alberto (El Aín) es un calco de la que tuve yo” comenzó diciendo Gómez Molina, para continuar luego afirmando “en una año con mucha sensación de inseguridad en la gente… dije lo mismo: en agosto no vas a poder cobrar… lo que pasa que ya está el cedulón en la calle… bueno permití que paguen por caja el segundo semestre con una cláusula que permita poner sujeto a probables reajustes… tomemos todas reservas del caso. Bueno, me dijo (Giménez), eso puede ser, lo voy a ver… le digo, porque no lo estudias, pedís la extraordinaria, nos sentamos y hacemos los cambios que haya que hacer… yo coincido con ustedes (con el bloque justicialista)”, para finalizar diciendo “quiero ser bien pensado; creo que se prestó a la duda (la ordenanza 909), también coincido en que es nuestra obligación defender la institucionalidad… lo que dijo Gerardo (Carlomagno) es defender la institucionalidad, que son las funciones de cada estamento; si no hacemos el planteo que tenemos que hacer creo que estamos vulnerando la institucionalidad…” Gómez Molina cerró su alocución afirmando que estaba convencido que el deliberativo tiene amplias facultades en el tema tributario y que, inclusive, está facultado hasta para poner “fechas de vencimiento”, en abierta contradicción con el forzado dictamen de la Asesoría Legal con que se ampara el Ejecutivo para justificar lo hecho. En sintonía con Gómez Molina habló Emilio Rosico, aunque agregó que el intendente Giménez le había manifestado “pero yo te había dicho y yo confié que habían dejado el pago como yo lo había puesto, que era anual, semestral y trimestral; nosotros lo cambiamos pensando que era un error de tipeo, entonces acá hubo un doble cruce de buenas intenciones y de teléfono descompuesto…”, tratando de justificar un supuesto error, aunque tampoco se ocupó de analizar la cuestión de fondo, cual es la modificación lisa y llana practicada por el Ejecutivo en la ordenanza tarifaria por decreto.
Asesoría Letrada
Si bien la Asesoría Letrada de la municipalidad reconoce las facultades que la Ley otorga al departamento deliberativo para ocuparse de la creación de tributos, más adelante asegura que el Concejo Deliberante “no tiene facultades para resolver normativamente sobre las formas, modos de recaudar la renta, la que corresponde sea resuelta por el Departamento Ejecutivo… lo contrario, en opinión del suscripto (el asesor) entrañaría una supremacía de un estamento de gobierno sobre otro”. Tranquiliza saber, mediante la oportuna aclaración del asesor, que esto es nada más que una opinión, forzada por cierto. Veamos lo que dice la Ley Orgánica 8102 en su artículo 30º inciso 18; es una facultad del HCD el “Sancionar la ordenanza de Presupuesto y las que creen y determinen tributos, de acuerdo a los principios del artículo 71º de la Constitución Provincial” sin ninguna otra aclaración limitante. El artículo 71º de la Constitución Provincial habla de los fundamentos y principios que deben presidir la creación tributos y cargas públicas pero no menoscaba las facultades otorgadas al deliberativo por la Ley. La misma Ley otorga atribuciones al Ejecutivo, en su artículo 49º y, para el caso que nos ocupa, sostiene en su inciso 11 que tiene facultad de “hacer recaudar la renta de conformidad a las Ordenanzas dictadas por el Concejo” sin más. En el inciso 2 del mismo artículo se atribuye al Ejecutivo la facultad de “Ejercer el derecho a veto y de promulgación parcial…”, la que no fue utilizada por el intendente Giménez en el caso de la ordenanza 909. Simplemente se dictó un decreto modificando el contenido de una norma aprobada por el Concejo, tal y como si el Ejecutivo tuviese facultades para hacerlo; no se reglamentó un vació sino que se modificó el contenido de una ordenanza que hace años permite el pago anual y que entonces, si seguimos el razonamiento de la asesoría, hace tiempo que estaría en la “ilegalidad”. Estas son las cosas que no dice la asesoría letrada en su dictamen y lo que no debatieron los ediles, yéndose a una discusión de carácter económico que si bien es importante, obvió el fondo de la cuestión y que es lo que lastima la institucionalidad de la que tanto se habló.
Al Final
Finalmente se resolvió, de una forma poco clara que el Presidente del cuerpo redacte un proyecto de resolución pidiendo que se permita el pago anual a los contribuyentes. Un texto que será consensuado por los presidentes de bloque “a la brevedad” según se dijo, aunque no quedó claro como ni cuando lo votará el Concejo.
Como Perro que Volteó la Olla
En un debate que se desvió del eje principal del problema, el Concejo Deliberante de Mina Clavero resolvió pedirle al Ejecutivo que permita el pago de la tasa de servicios a la propiedad en una sola cuota, luego que la Ordenanza Tarifaria fuera modificada en su contenido mediante un decreto que anuló esa forma de cancelación. Un debate trunco.
(Mina Clavero, 17/2/09) El Concejo Deliberante de Mina Clavero sesionó el martes 17 de febrero, en una sola jornada pero con un doble propósito. En primer término se realizó la sesión anual preparatoria, en la que se elijen autoridades del cuerpo y de los bloques y, en segundo término, lo hizo de manera extraordinaria –a pedido del bloque de Unión por
Córdoba- para considerar el decreto 6/09 que modificó la ordenanza tarifaria 909, tal como Tribuna lo adelantara en su pasada edición (pág. 6).
Sesión Preparatoria
En un breve lapso quedaron ratificadas las autoridades del Concejo y de los bloques partidarios. Así las cosas, Carlos Gómez Molina continuará al frente del cuerpo, en tanto que Emilio Rosico sigue siendo el vicepresidente 1º y Alberto El Aín , el vice 2º. En cuanto a los bloques partidarios, Amalia Luz Suárez es la presidenta del Bloque de la Unión Cívica Radical, en tanto que Gerardo Carlomagno es el titular de la bancada de Unión por Córdoba.
La Pelota Afuera
Como se suele decir en la jerga futbolera cuando se quiere significar un intento de “enfriar” el partido o de sacar al rival de su concentración, el tema del decreto 6/09 fue prácticamente un “tirar la pelota afuera”, con una buena “muñeca” política de la presidencia. Reconocer la razonabilidad de un planteo para enfriar la discusión, pero desviarla luego de su eje permitió que se terminara discutiendo de cualquier cosa menos del tema de fondo. El primero en hacer uso de la palabra fue Gerardo Carlomagno que sostuvo que el decreto 6/09 era ilegal, Recordemos que mediante ese instrumento se eliminó el inciso 1 del artículo 3º de la ordenanza 909, lo cual implica una modificación a la norma aprobada por el HCD a fines de 2008. “La gente que nos votó nos puso acá para que seamos garantes de la legalidad de los actos de gobierno” continuó manifestando Carlomagno que, fiel a su estilo, fue subiendo la apuesta discursiva. “Creo que si el Ejecutivo necesitaba modificar esto… acá estamos… hacemos una extraordinaria en 24 horas… ¿qué necesidad de violentar las normas?; eso es lo que me exaspera; estamos frente a una torpeza total y me preocupa que hay una mentalidad instalada en este Ejecutivo de ser transgresor a todo, de ser autoritario, de ser dictatorial” y finalizó proponiendo “tenemos que hacer una resolución pidiendo que se derogue y hacer una seria advertencia, porque el cuerpo no se merece estas presiones… esta forma de actuar es nociva y si este cuerpo quiere recuperar el prestigio que ha venido perdiendo por ciertas actitudes y que nuestro bloque asume la responsabilidad que le toca y en gran parte porque no supo defender estas cosas… los invito a transitar el camino de la legalidad…” concluyó. Tras las palabras de Carlomagno intervino Alberto El Aín quien aseguró que había sostenido una charla en su hotel con el intendente Giménez, en la que él le había manifestado su opinión adversa al cambio efectuado en las formas de pago de la tasa de servicios a la propiedad, a lo que el intendente había respondido sosteniendo su voluntad de estar abierto a un revisión de lo actuado. De cualquier modo El Aín cerró su intervención diciendo que eso no había ocurrido a pesar del paso de los días y criticó la forma de pago adoptada por el Ejecutivo, aunque nada dijo acerca de la extralimitación cometida al modificar la ordenanza tarifaria.
Hablan Gómez Molina y Rosico
“La conversación que ha tenido Alberto (El Aín) es un calco de la que tuve yo” comenzó diciendo Gómez Molina, para continuar luego afirmando “en una año con mucha sensación de inseguridad en la gente… dije lo mismo: en agosto no vas a poder cobrar… lo que pasa que ya está el cedulón en la calle… bueno permití que paguen por caja el segundo semestre con una cláusula que permita poner sujeto a probables reajustes… tomemos todas reservas del caso. Bueno, me dijo (Giménez), eso puede ser, lo voy a ver… le digo, porque no lo estudias, pedís la extraordinaria, nos sentamos y hacemos los cambios que haya que hacer… yo coincido con ustedes (con el bloque justicialista)”, para finalizar diciendo “quiero ser bien pensado; creo que se prestó a la duda (la ordenanza 909), también coincido en que es nuestra obligación defender la institucionalidad… lo que dijo Gerardo (Carlomagno) es defender la institucionalidad, que son las funciones de cada estamento; si no hacemos el planteo que tenemos que hacer creo que estamos vulnerando la institucionalidad…” Gómez Molina cerró su alocución afirmando que estaba convencido que el deliberativo tiene amplias facultades en el tema tributario y que, inclusive, está facultado hasta para poner “fechas de vencimiento”, en abierta contradicción con el forzado dictamen de la Asesoría Legal con que se ampara el Ejecutivo para justificar lo hecho. En sintonía con Gómez Molina habló Emilio Rosico, aunque agregó que el intendente Giménez le había manifestado “pero yo te había dicho y yo confié que habían dejado el pago como yo lo había puesto, que era anual, semestral y trimestral; nosotros lo cambiamos pensando que era un error de tipeo, entonces acá hubo un doble cruce de buenas intenciones y de teléfono descompuesto…”, tratando de justificar un supuesto error, aunque tampoco se ocupó de analizar la cuestión de fondo, cual es la modificación lisa y llana practicada por el Ejecutivo en la ordenanza tarifaria por decreto.
Asesoría Letrada
Si bien la Asesoría Letrada de la municipalidad reconoce las facultades que la Ley otorga al departamento deliberativo para ocuparse de la creación de tributos, más adelante asegura que el Concejo Deliberante “no tiene facultades para resolver normativamente sobre las formas, modos de recaudar la renta, la que corresponde sea resuelta por el Departamento Ejecutivo… lo contrario, en opinión del suscripto (el asesor) entrañaría una supremacía de un estamento de gobierno sobre otro”. Tranquiliza saber, mediante la oportuna aclaración del asesor, que esto es nada más que una opinión, forzada por cierto. Veamos lo que dice la Ley Orgánica 8102 en su artículo 30º inciso 18; es una facultad del HCD el “Sancionar la ordenanza de Presupuesto y las que creen y determinen tributos, de acuerdo a los principios del artículo 71º de la Constitución Provincial” sin ninguna otra aclaración limitante. El artículo 71º de la Constitución Provincial habla de los fundamentos y principios que deben presidir la creación tributos y cargas públicas pero no menoscaba las facultades otorgadas al deliberativo por la Ley. La misma Ley otorga atribuciones al Ejecutivo, en su artículo 49º y, para el caso que nos ocupa, sostiene en su inciso 11 que tiene facultad de “hacer recaudar la renta de conformidad a las Ordenanzas dictadas por el Concejo” sin más. En el inciso 2 del mismo artículo se atribuye al Ejecutivo la facultad de “Ejercer el derecho a veto y de promulgación parcial…”, la que no fue utilizada por el intendente Giménez en el caso de la ordenanza 909. Simplemente se dictó un decreto modificando el contenido de una norma aprobada por el Concejo, tal y como si el Ejecutivo tuviese facultades para hacerlo; no se reglamentó un vació sino que se modificó el contenido de una ordenanza que hace años permite el pago anual y que entonces, si seguimos el razonamiento de la asesoría, hace tiempo que estaría en la “ilegalidad”. Estas son las cosas que no dice la asesoría letrada en su dictamen y lo que no debatieron los ediles, yéndose a una discusión de carácter económico que si bien es importante, obvió el fondo de la cuestión y que es lo que lastima la institucionalidad de la que tanto se habló.
Al Final
Finalmente se resolvió, de una forma poco clara que el Presidente del cuerpo redacte un proyecto de resolución pidiendo que se permita el pago anual a los contribuyentes. Un texto que será consensuado por los presidentes de bloque “a la brevedad” según se dijo, aunque no quedó claro como ni cuando lo votará el Concejo.
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